GASTO PÚBLICO

Son las erogaciones en dinero que ejecuta el estado en virtud de una ley para cumplir sus fines. Es toda erogación que incide sobre las finanzas del estado, generalmente en dinero, destinada al cumplimiento de fines administrativos o económicos-sociales y autorizados mediata o inmediatamente por una ley. Hay gasto público cuando el que lo realiza, tenga carácter público o privado, está dotado de la facultad para mandar, de ordenar, de establecer obligaciones a cargo de los habitantes, que haya recibido por delegación de estado.

El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas Económicos establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de distintos maneras pero básicamente se consideran el Gasto Neto que es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de deuda pública, este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo.
Gasto Programable: es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Por otro lado resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios.
La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y partidas específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector público. Con base a esta clasificación, el gasto programable se divide en gasto corriente y gasto de capital. Estos componentes a su vez se desagregan en servicios personales, pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro, y en inversión física y financiera dentro del segundo.

Gasto corriente: Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de: administración gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y regulación; y desarrollo social.
Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su infraestructura.


Gasto de Capital: El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector público. Como gastos; gastos de Defensa Nacional, también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía

Los objetivos de la gestión del gasto público

Un buen punto de partida para la evaluación de la gestión del gasto público puede realizarse, de acuerdo a la aceptación general de especialistas en este tema (Atkinson y Noord, 2001), a partir de los tres objetivos o dimensiones convencionales de las finanzas públicas (Musgrave, 1959), los cuales son los siguientes:
• Lograr la estabilidad económica y la disciplina fiscal
• Alcanzar una adecuada distribución social de los recursos
• Promover la eficiencia, mediante la corrección de fallas o limitaciones del mercado a través del gasto público.

Estos objetivos no son independientes los unos de los otros, sino que por el contrario ellos se encuentran estrechamente interconectados. De hecho, es difícil pensar en alcanzar alguno de los objetivos de manera independiente de los otros, aunque debe reconocerse que ellos pueden entrar en conflicto en algunas oportunidades (Allen y Tommasi, 2002), en la búsqueda por alcanzarlos.

EFECTOS DEL GASTO PÚBLICO.
Un excedente del gasto público superior al 30% de la renta nacional, tiene considerable influencia sobre la economía. El aumento desmedido, así como una disminución influye en la economía nacional. El gasto público incide en el ingreso nacional; el producto interno bruto y la inversión. Los gastos para la producción de bienes y servicios, financiados con recursos tributarios, si existe empleo, el mayor gasto estimulará un aumento en el ingreso nacional y en el empleo que afectará al consumo; si por el contrario afecta a sectores de ingresos bajos con tendencias altas al consumo, puede que provoque un efecto de recesión y desempleo. Los gastos para la producción de bienes y servicios financiados con recursos del crédito público, puede tener efectos redistributivos, haciendo difícil la determinación de la incidencia en el endeudamiento. Incrementa el ingreso nacional, el empleo u la inflación. Los gastos para la producción de bienes y servicios, financiado con la emisión monetaria, producen variaciones en el nivel de precios y en caso de pleno empleo, puede producir una explosión inflacionaria. Si por el contrario es financiado con emisión monetaria en época de recesión y desempleo, ocurre una reactivación de la economía y un crecimiento en el ingreso nacional. Los gastos para la redistribución de ingresos financiados con ingresos tributarios, tienen un efecto de estabilidad en el nivel de precios y pleno empleo. En cambio cuando el gasto de transferencia es financiado con recursos del crédito público, tiende a un efecto inflacionario. En caso de depresión económica y desempleo, favorece la reactivación económica.

PRINCIPIOS DEL GASTO PÚBLICO
GASTO MÍNIMO. Significa que el estado debe gastar lo menos posible, pero sin descuidar la protección de la comunidad. Se dice también con este principio que además de los servicios de defensa nacional y seguridad interna, se deben proporcionar otros servicios adicionales como carreteras, salubridad, correo, pero dejando que los particulares presten aquellos servicios que ellos mismos puedan hacer sin la intervención del estado. En este sentido, el estado debe tratar por todos los medios dejar que la iniciativa privada haga todo aquello que es capaz de hacer satisfaciendo el estado únicamente aquellas necesidades que los particulares no son capaces de realizar.
MÍNIMA INTERFERENCIA DEL SECTOR PRIVADO. El estado puede efectuar volúmenes sustanciales de gastos para programas de obras públicas o proporcionar empleo en épocas de depresión, pero no debe competir con los servicios ya programados y en ejecución por parte de la economía privada. El estado debe incentivar la actividad de los particulares pero no debe inmiscuirse en ella, y si lo hiciere deberá ser en la menor cantidad posible; fomentar aquellas actividades donde la actividad privada sería incapaz de resolver como la construcción del puente sobre el lago de Maracaibo.
MÁXIMA OCUPACIÓN. Cuando la finalidad de los gastos públicos sea la de alcanzar el más alto nivel de ocupación o una mejor distribución de los ingresos públicos, se deben modificar, en parte, los principios anteriores, es decir, el del gasto mínimo y el de la no interferencia con los particulares. El estado debe aprovechar en épocas de depresión utilizando mano de obra desocupada y que le resulta más barata pudiendo realizar grandes obras en beneficiosas para el país.
MÁXIMO BENEFICIO. Implica que se debe tratar de obtener el mayor beneficio posible con medios escasos. El estado debe planificar sus gastos e invertir en aquellas actividades donde la utilidad marginal social sea más perentoria., esto debido a que el fisco va a quitar a otros particulares el dinero que ellos casi no necesitan para darlo a otros que si van a obtener mayor beneficio incluso infinito con él. Es decir de acuerdo con la teoría de utilidad marginal, el excedente monetario de algunas unidades de gasto de la economía, que bien no representan beneficio marginal para éstas, se convierten en beneficios de amplio espectro para las colectividades.
CAPACIDAD ECONÓMICA. Los gastos deben ser proporcionales a la riqueza que tenga el país, ya que si no se aumentaría la presión tributaria en tal forma que se agotarían los recursos particulares frente a los ingresos públicos.
La presión tributaria es el impacto que recibe el contribuyente por el pago del tributo, tributos estos que van a servir para satisfacer los gastos del estado.
Como es ampliamente reconocido, el gasto fiscal es una herramienta de política pública a través de la cual los gobiernos pueden contribuir al desarrollo humano sostenible. Para ellos pueden intervenir mediante diversas acciones tales como la promoción del crecimiento económico, la corrección de fallas del mercado, la creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo, así como proporcionando servicios sociales para satisfacer las necesidades de la gente. Sin embargo, el rápido incremento que ha experimentado el gasto público en los países en desarrollo, sin un aumento correlativo de los ingresos tributarios, ha provocado crisis fiscales de amplia magnitud con el paradójico resultado de que en muchos casos no se ha logrado ni promover el crecimiento sostenible ni mejorar la equidad. (Banco Mundial1988).

LOGRAR LA DISCIPLINA FISCAL
Este Objetivo consiste en contribuir al logro de un crecimiento económico estable y macroeconómicamente sostenible, por ejemplo mediante la fijación de topes razonables al gasto público tanto a nivel general como a nivel de los gobiernos subnacionales. La Intención con este tipo de medidas es tener un sistema presupuestario disciplinado que respete las restricciones fijadas de gasto y evitar que se ajusta meramente a las infinitas demandas de la población y de los diversos grupos de interés; es decir, de lo que se trata es de impedir un sistema presupuestario que sea acomodaticio y que irrespete los límites fijados.

BENEFICIOS REALES O EFECTIVOS DEL GASTO PÚBLICO
En la práctica, tal como lo muestra el análisis de la evidencia de diversos países y períodos históricos, abundan las situaciones en que las características del gasto público se alejan de forma dramática de los criterios antes señalados, y en las cuales, el impacto del gasto público sobre el crecimiento económico a largo plazo resulta negativo. Por ejemplo, Vito Tanzi (1997), estudioso de las finanzas públicas de prestigio internacional, después de analizar la evidencia internacional concluye que el notable incremento que experimentó el gasto público (medido como proporción del PIB) en los países industrializados entre 1960 y 1990 hasta alcanzar en algunos casos niveles superiores al 50% del PIB, no contribuyó de forma apreciable a incrementar el bienestar de los ciudadanos de estos países mientras que sí contribuyó de forma significativa a deteriorar el desempeño macroeconómico en estas naciones, jugando un papel determinante en la aceleración de la inflación y el excesivo endeudamiento. Hoy es claro que la razón por la cual las características del gasto público suelen diferir de aquellas condiciones ideales que le permitirían dar una contribución neta positiva al bienestar de los ciudadanos, se encuentra en el hecho de que estas características se determinan a través de un complejo proceso de naturaleza político-institucional en el cual influyen multitud de fuerzas e intereses, siendo las recomendaciones de los técnicos sólo un elemento más. Dos fenómenos resultan claves dentro de este proceso: la "búsqueda de rentas" y las motivaciones electorales.
El gasto público y la recaudación de impuestos son la expresión del Poder con que cuentan quienes controlan el Gobierno para apropiarse y redistribuir la riqueza de los ciudadanos y del Estado. De manera natural cada ciudadano intentará de forma más o menos activa, más o menos organizada, utilizar este Poder en su beneficio (o al menos evitar que se utilice en su perjuicio), aspirando a que el Gobierno se apropie de la riqueza de otros ciudadanos y se la transfiera (en esto consiste la llamada "búsqueda de rentas"). En las sociedades democráticas este proceso de búsqueda de rentas se agudiza de forma particular en virtud de que los ciudadanos tienen la libertad de agruparse y organizarse de tal manera que puedan ejercer mayor presión sobre el Gobierno de turno para que oriente la corriente de gastos en su provecho particular.
El resultado final de este proceso de "búsqueda de rentas" es impulsar el crecimiento excesivo del gasto público en dirección a transferir (normalmente de forma encubierta) a grupos minoritarios y organizados de ciudadanos los recursos del Estado o los recursos de la mayoría desorganizada de la población adulta. El estudio de Tanzi antes citado confirma que el crecimiento encubierto de las transferencias es la fuerza más importante detrás del notable incremento del gasto público en los países desarrollados durante los últimos cuarenta años, y sostiene que ello explica la escasa contribución de este incremento al bienestar de la mayoría de la población.

ESTABILIZACIÓN ECONOMICA

Para los economistas clásicos en el sistema económico existen mecanismos auto correctores que eliminan los desajustes, siendo por tanto innecesaria la intervención estabilizadora estatal.
El punto de vista clásico sobre la política presupuestaria puede resumirse en los tres puntos siguientes:
1. Limitar el gasto público en lo posible.
2. Neutralidad de los impuestos, en cuanto que no deben alterar la situación material relativa de los contribuyentes. Los gastos deben obedecer a los costes de los servicios sin pretender alterar las posiciones de los ciudadanos.
3. El equilibrio presupuestario anual debe ser la norma presupuestaria básica, pues los gastos deben financiarse con los impuestos.
La revolución keynesiana
La crisis de 1929 vino a cuestionar la virtualidad del modelo clásico. Como alternativa al mismo surgió el modelo keynesiano, en el que no existe un mecanismo automático que retome la economía al pleno empleo. La rigidez de los precios a la baja es lo que explica las situaciones de equilibrio con desempleo de los recursos pasando a constituirse la demanda agregada en la variable clave del sistema. Desde una perspectiva keynesiana, si tiene lugar una recesión motivada por un nivel de demanda insuficiente, habrá de ser la actuación del sector público la que sitúe dicha demanda en el nivel compatible con el pleno empleo de los recursos.
La política económica de los poskeynesianos Keynes limito la actuación del sector publico, pues acepto la norma de equilibrio presupuestario clásico, pero teniendo en cuenta la duración del ciclo económico. Los primeros poskeynesianos, sin embargo, para lograr el pleno empleo, defendieron el recurso a la política fiscal con más ardor que el propio Keynes.
Consideraron los ingresos, los gastos y la deuda pública exclusivamente como instrumentos destinados a conseguir el mantenimiento de un nivel alto y estable de empleo con precios constantes. En este contexto surgió
El presupuesto de estabilización automática que pretendía adecuar los programas de ingresos y gastos públicos a los movimientos de la renta. Asimismo, se afirmo la posibilidad y necesidad de estabilizar la economía mediante la utilización de políticas fiscales, considerando como objetivos tanto la compensación de las fluctuaciones cíclicas como la consecución del producto potencial de plena empleo mediante una política dirigida a estimular la inversión y situar la demanda agregada en su nivel adecuado.
Objetivo de Política Económica que consiste en reducir o minimizar las variaciones cíclicas en el nivel de actividad económica de un país y en el Nivel General de Precios.
La Estabilización Económica comprende tres metas:
a- El mantenimiento del pleno Empleo,
b- la estabilidad del Nivel General de Precios internos, y
c- el Equilibrio externo.
No obstante, en el corto Plazo puede ser incompatible la consecución de estas tres metas simultáneamente más aún, alcanzar una de ellas puede significar empeorar la situación de las otras. Es así que en la literatura económica se sostiene que la estabilidad de Precios y el equilibrio externo se pueden conseguir sólo a costa de provocar un aumento del Desempleo.
Por lo tanto esta posibilidad de conflicto requiere que los planes o políticas de estabilización deben poner énfasis en una (o dos) de esas metas en perjuicio de las otras.
Los principales instrumentos de estabilización son la Política Monetaria y la Política Fiscal.

POLÍTICA MONETARIA
Conjunto de medidas de la autoridad monetaria cuyo objetivo principal es conseguir la estabilidad del Valor del Dinero y evitar desequilibrios prolongados en la Balanza De Pagos.
Se concentra en el manejo de la cantidad de Dinero y de las condiciones financieras, como las que se refieren a tasas de Interés, volúmenes de créditos, tasas de redescuento, de encajes, y otras.
Está estrechamente ligada a la Política Cambiaria, para el control de la cantidad de Dinero; y a la Política Fiscal, cuando la autoridad monetaria debe proveer créditos al sector fiscal y financiarle sus Déficit presupuestarios.

POLÍTICA FISCAL
Medidas implementadas por el gobierno tendientes a encauzar la economía hacia ciertas metas.
Las herramientas fundamentales con que cuenta el gobierno para ello, son el manejo del volumen y contenido de los Impuestos y el volumen y destino del Gasto público.
La política fiscal también incluye las formas de financiar los Gastos de gobierno





LA DEMANDA DE INVERSIÓN Y EL MULTIPLICADOR KEYNESIANO

El segundo componente de la demanda agregada es la demanda de inversión. Las decisiones de inversión las toman los empresarios en función de sus proyectos, del estado de la tecnología y, sobre todo, en función de sus expectativas, es decir, de sus previsiones sobre el porvenir de los negocios de la situación económica. La demanda de inversión puede considerarse por tanto una cantidad fija, independiente del volumen de renta que se genere en el país.

El punto en el que la demanda agregada corta a la bisectriz es, lógicamente, el punto en el que la renta se iguala a la demanda agregada y determina por tanto el volumen de producción real, que se generará en el país. No hay nada que indique si esa producción real coincide o no con la producción potencial.
El aumento en la cantidad de inversión provocará el aumento de la producción real. Es más, un incremento en las decisiones de invertir de los empresarios tendrá un efecto multiplicador sobre la economía ya que permitirá un aumento de las rentas de los factores de la industria de bienes de inversión; parte de este aumento se destinará a consumo lo que provocará aumentos en cascada en las rentas de otros factores.
Cada aumento en la demanda provoca un aumento igual de la producción y la renta. Parte del aumento en las rentas provocará un nuevo aumento de la demanda en la proporción determinada por la propensión marginal al consumo. Los sucesivos aumentos formarán una progresión geométrica en la que el primer término es el aumento de la inversión decidido por los empresarios y la razón es la PMaC. El efecto total, la suma de los miembros de esa progresión, es igual al producto del primer miembro, la inversión inicial, por el inverso de uno menos la razón. Este número, el inverso de la propensión marginal al ahorro recibe el nombre de multiplicador.
Las decisiones de ahorrar las toman las familias y dependen, como hemos visto, de su nivel de renta y de la PMaC. Por tanto no hay ninguna razón por la que la cantidad de dinero ahorrado y la cantidad de dinero invertido deban ser iguales: Ambas están determinadas por decisiones tomadas por diferentes personas con diferentes criterios. Si las familias deciden aumentar el volumen de los fondos que mantienen ahorrados, reducirán su consumo, por lo que teniendo en cuenta el efecto multiplicador, las rentas se contraerán en una cuantía muy superior. Este es el fenómeno llamado la paradoja de la frugalidad: la frugalidad puede provocar disminución del ahorro.



EL MULTIPLICADOR DEL GASTO PÚBLICO

Continuando con el estudio del modelo y las propuestas keynesianos, vamos a analizar ahora el efecto del consumo público, de los gastos y los ingresos del estado, sobre la demanda agregada.
No hay ningún mecanismo automático que haga que la renta de equilibrio coincida con la producción de pleno empleo. La renta de equilibrio -en otras palabras, el valor de los bienes y servicios que el sistema tiende a producir- está determinada por la demanda agregada. Si ésta estuviese formada exclusivamente por el consumo privado y la inversión de los empresarios, sería mucha casualidad que coincidiesen producción real y producción de pleno empleo; los deseos de ahorro de las familias y las expectativas de los empresarios no tienen por que conjuntarse en la proporción y cuantía exacta requeridas. Es más, si en algún momento coincidiesen, el resultado sería muy inestable ya que las expectativas de los empresarios cambian continuamente, cíclicamente.
Los gastos del gobierno están formados por sus compras de bienes y servicios y por las transferencias: las pensiones de invalidez y jubilación, subsidios de desempleo y subvenciones a las empresas, entre otras. En general, los gastos del Estado suponen un aumento de la demanda agregada. La determinación de la cuantía de esos gastos es una decisión política exógena, es decir, independiente de la renta; por tanto puede ser considerada, al igual que hicimos con la inversión en el tema anterior, como de cuantía fija. Pero esta vez sí: ahora la cuantía puede ser ajustada para que la producción real coincida con la producción de pleno empleo.
La incidencia de los gastos del gobierno sobre la renta real también recibe el efecto multiplicador. Los mismos argumentos que estudiamos en el epígrafe anterior para comprender el efecto multiplicador de las decisiones de inversión sirven también ahora para explicar que un aumento en los gastos del gobierno por valor de 100 puede provocar un aumento en la renta de 500.
Propensión Marginal al Consumo (Pg.):
Es la proporción de un peso en que aumenta el consumo cuando la renta aumenta un peso. Es la pendiente de la función de consumo

Propensión Marginal al Ahorro (Págs.):
Es la proporción que se ahorra de una unidad adicional de renta.
Como la renta se consume o ahorra, tenemos que:


Demanda Agregada:
Suma del gasto planeado de consumo y el gato planeado de inversión.

Multiplicador de la inversión

La idea básica asociada con el concepto de multiplicador es que un aumento en el gasto originará un aumento mayor de la renta de equilibrio.
El multiplicador designa el coeficiente numérico que indica la magnitud del aumento de la renta producido por el aumento de la inversión en una unidad; es decir que es el número que indica cuántas veces ha aumentado la renta en relación con el aumento de la inversión.
En un modelo keynesiano es la inversa de la Págs., es decir

Y como:

El multiplicador puede expresarse como:

Lo que refleja el multiplicador es la magnitud del aumento de la renta producido por el aumento de la inversión en una unidad.
A mayor Pg., mayor multiplicador.
Hasta ahora se ha visto un modelo de 2 sectores.
En un modelo de 3 sectores, se incorpora el Sector Gobierno, que genera el Gasto Público, el cual se computa a valores de costo, ya que el Gobierno constituye un monopolio.
Entonces:

Y en un modelo de 4 sectores se incorpora a los ya nombrados Empresa, Familias y Gobierno, el Sector Externo, con lo cual la demanda agregada queda de la siguiente manera:

En: Exportaciones netas, es decir la diferencia entre exportaciones e importaciones.
La inversión es autónoma respecto del ingreso; varía según la tasa de interés.
Los impuestos proporcionales reducen la proporción que se consume de una unidad adicional de renta.

Preferencia por la liquidez (o demanda de dinero)
Es la parte de la renta que prefiere mantenerse en forma líquida.
Puede haber 3 motivos para esta preferencia:

• Transacción: La gente demanda dinero porque lo necesita como medio de cambio para realizar sus transacciones; asociado positivamente al nivel de renta, es decir que a mayor renta mayor preferencia por la liquidez. Llamada L1
•
• Precaución: con las mismas características que el anterior. Llamada L2. En este caso se demanda dinero para hacer frente a contingencias e imprevistos; la demanda de dinero nace de la incertidumbre que rodea a loas acontecimientos futuros.
•
• Especulación: asociado a la tasa de interés, es decir ligado a colocaciones que tengan un rendimiento en el mercado financiero, Llamada L3. En este caso la demanda de dinero es para poder aprovechar los cambios en los precios de los activos.

En general hay una relación directa entre renta y preferencia por la liquidez, es decir que a mayor ingreso, mayor demanda de dinero.
Hay una relación inversa entre tasa de interés y preferencia por la liquidez, o sea que a mayor tasa de interés, menor demanda de dinero.

L: Liquidez
K: porcentaje del ingreso que se mantiene líquido por motivos transacción y precaución.

Esta relación inversa entre demanda de dinero y tipo de interés se basa en el hecho de que los individuos poseen dinero en lugar de cualquier otro activo.

Si el tipo de interés es alto, se procurará mantener la menor cantidad posible de riqueza en dinero, pues su costo de oportunidad es elevado, por el contrario, si el tipo de interés es bajo, no valdrá la pena ajustar las tenencias de dinero. Es decir que el comportamiento racional de las familias y de las empresas determinará que las tenencias de dinero se reduzcan a medida que el tipo de interés aumenta y que se incrementen cuando el tipo de interés se reduce.

: Cantidad real de dinero.
: Cantidad nominal de dinero
: Nivel general de precios.
H: coeficiente de sensibilidad respecto de la demanda de dinero.


Una tasa alta de interés desestimula la conservación del dinero
.
La oferta de dinero la determina el Banco Central y no está asociada a la tasa de interés. Los puntos donde los diferentes tipos de demanda de dinero intercepta con la línea de oferta monetaria, representan puntos de equilibrio entre demanda de dinero y tasas de interés.

La Estabilización Económica comprende tres metas:
a. El mantenimiento del pleno Empleo,
b. la estabilidad del Nivel General de Precios internos, y
c. el Equilibrio externo.
No obstante, en el corto Plazo puede ser incompatible la consecución de estas tres metas simultáneamente más aún, alcanzar una de ellas puede significar empeorar la situación de las otras. Es así que en la literatura económica se sostiene que la estabilidad de Precios y el equilibrio externo se pueden conseguir sólo a costa de provocar un aumento del Desempleo.
Política de Estabilización.
Conjunto de medidas orientadas a reducir y evitar fluctuaciones bruscas en la producción, el empleo, tipo de cambio y nivel general de precios.
Programas de Estabilización y Recuperación Económica
La ayuda concedida por la AID a Costa Rica a partir de 1982 fueron los denominados Fondos de Apoyo Económico (ESFs) que tenían como contrapartida los Programas de Estabilización y Recuperación Económica (EREs). Dichos programas estuvieron dirigidos entre 1982 y 1984 al fomento de la estabilidad económica, sobre todo en lo referente a la política de tipo de cambio y a la corrección de los desequilibrios de la balanza de pagos; sin embargo, a partir de 1985 y coincidiendo con la firma del PAE I, estos programas se enfocaron más hacia la consecución de transformaciones estructurales (fomento de la capacidad de gestión de la sociedad civil, desarrollo del sector exportador, reducción del Estado...). En 1991 se firmó el ERE X y en 1992 el ERE XI, con una sustancial reducción del volumen del ESF, marcando así la retirada paulatina de la AID de Costa Rica, que concluyó en 1995 con el cierre de sus oficinas y la constitución de la Fundación CRUSA; dicha fundación pasó a ser la encargada de canalizar y gestionar la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Costa Rica y la heredera del remanente de los últimos fondos concedidos por la AID (Sojo, 1991, pp. 23-48).
Aunque los EREs no utilizaban la condicionalidad cruzada, sí incluían condiciones precedentes y estipulaciones. Las primeras consistían en una serie de requisitos que Costa Rica debía cumplir antes del desembolso del ESF, como un acuerdo de contingencia con el FMI (ERE II, 1983), un plan de privatización de CODESA (ERE V, 1986), la continuación de la privatización de CODESA, la congelación del crédito subsidiado a la agricultura y la industria, y la modificación del sistema aduanero para facilitar la exportación (ERE VI, 1987), la administración de las divisas recibidas en cuentas separadas y la presentación de planes económicos anuales (ERE VII y VIII, 1988 y 1989), o el depósito de los fondos de la ayuda en el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos (ERE XI, X y XI, 1990, 1991 y 1992) (Sojo, 1991, pp. 23-48).
Las estipulaciones, por el contrario, eran acciones conjuntas de ambos Gobiernos de cumplimiento necesario pero cuya ejecución no estaba sujeta al ritmo de los desembolsos. Estas estipulaciones iban dirigidas fundamentalmente a cinco áreas: el control de las actividades y la privatización de las empresas de CODESA; una política crediticia con indicación de los sectores de financiación preferente y de los tipos de interés preferentes; una política social orientada hacia la construcción de viviendas y la creación de empleo (sobre todo desde 1988); la promoción de las exportaciones del país por medio de la garantía de la disponibilidad de divisas, de un tipo de cambio competitivo, de la capacitación en actividades dirigidas a la exportación y del fomento de las actividades financieras necesarias para el esfuerzo exportador; y, por último, un grupo de estipulaciones permanentes relacionadas con las importaciones realizadas a Estados Unidos y los acuerdos con el FMI (Sojo, 1991, pp. 23-48).
Las políticas de corte estructural vinculadas a los EREs podemos dividirlas en cuatro bloques: los proyectos que ejecutó la AID directamente, los proyectos que ejecutó el Gobierno directamente, los proyectos de apoyo sectorial ejecutados conjuntamente, y la utilización de los fondos de crédito (Sojo, 1991, pp. 23-48).
Entre los proyectos desarrollados por la AID podemos destacar: el saneamiento y venta de las empresas de CODESA, los proyectos de vivienda, el apoyo al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el programa de computación del sistema escolar, el apoyo a la JAPDEVA y al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOPP), y los proyectos relacionados con las universidades estatales y el sistema de seguridad social.
Entre los proyectos desarrollados por el Gobierno se encontraban: la reducción de pérdidas del BCCR, la creación de una línea especial de crédito para fomentar el desarrollo de la banca privada, equilibrar las finanzas de los bancos estatales y facilitar el pago de las deudas de las empresas afectadas por la crisis, algunos proyectos de viviendas sociales, el programa de computación del sistema educativo, y ciertos proyectos de agricultura comunitaria.
Los proyectos de apoyo sectorial se centraron en: el proyecto Foresta, varios proyectos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), el proyecto de desarrollo de la Zona Norte, varios proyectos de vivienda social y otros proyectos de educación, transportes, aduanas, contraloría pública y parques nacionales.
Los fondos de crédito se destinaron en su mayor parte al sector privado en: actividades no especificadas, en Becas de Paz para Centroamérica, en actividades del Cuerpo de Paz, en proyectos de la Embajada de los Estados Unidos, en acción cívica, en autoayuda comunitaria, en apoyo a proyectos de desarrollo, en la Escuela Agrícola Regional del Trópico Húmedo (EARTH) y en remodelación de escuelas rurales.
Los sectores financieros, exportador y público-empresarial fueron los más afectados por las acciones de la AID en lógica coincidencia con las reformas estructurales de los PAEs, lo cual no es de extrañar dada la coincidencia ideológica entre las autoridades del Banco Mundial, el FMI y la AID (Sojo, 1991, pp. 23-48).
La cooperación económica entre los Estados Unidos y Costa Rica obedeció a la coincidencia de intereses entre ambos Gobiernos; mientras el primero quería obtener un efecto demostración de una democracia pluralista, respetuosa de las libertades y derechos individuales y amante de la paz bajo un sistema económico de economía de mercado, el segundo necesitaba abundantes recursos para suavizar los efectos de la estabilización y el ajuste estructural. Por lo demás, ambos Gobiernos coincidieron en la necesidad de estabilizar la economía del país a principios de los ochenta, en dar una orientación exportadora a la producción y en abandonar las funciones empresariales del Estado costarricense. Razones de la cooperación, menos confesables que las anteriores por parte de Estados Unidos, como el apoyo de Costa Rica a la contra nicaragüense o el estímulo de la demanda externa de las empresas norteamericanas gracias a esa ayuda, no deben tampoco ser ignoradas.
Los motivos de la retirada de la AID obedecían a un cambio de dirección de la política exterior norteamericana, con una región centroamericana en decidido proceso de pacificación, y al hecho de que los indicadores de desarrollo de Costa Rica superaron los límites para ser considerado como país receptor de ayuda por parte de la AID.
Reserva Federal constata la estabilización económica de EEUU.
La economía estadounidense continúa estando débil, pero en agosto hubo síntomas claros de estabilización en gran parte del país. La última publicación del Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) recoge que la mitad de los distritos del organismo notaron una mejoría, aunque el mercado laboral y las ventas minoristas se mostraron en general planos.
Los distritos de Dallas, Boston, Cleveland, Filadelfia, Richmond y San Francisco han remitido avances en sus economías, mientras que otras áreas apuntaron señales de estabilidad. Solo St. Louis destacó una moderación en el avance de su recesión.
"La mayoría de los distritos destacaron que el panorama para la actividad económica entre sus contactos con empresas permanecían cautelosamente positivos", recoge el informe.
"Las condiciones del mercado laboral permanecieron débiles a lo largo de todos los distritos, pero muchos también notaron un alza en la contratación temporal y un declive en el ritmo de despidos", expresa el Libro Beige.
La mayoría de las regiones comunicaron cierta mejoría en los mercados inmobiliarios residenciales, origen de la crisis, y un alza en las manufacturas.
No obstante, el documento de la Fed advierte de que la demanda de propiedades comerciales se mantuvo débil y que los empresarios de algunas áreas creían que el impulso de las ventas de vehículos no será sostenible tras el fin del programa de incentivos del Gobierno 'dinero por chatarra'.
En su último encuentro de política monetaria, la Fed mantuvo en casi cero sus tasas de interés a corto plazo y vaticinó que probablemente los mantendrá en esos niveles por un extenso periodo de tiempo para abrir el camino hacia la recuperación.
Los funcionarios de la Fed esperan una lenta recuperación con un desempleo persistentemente alto. La tasa de desempleo en Estados Unidos tocó un agosto su máximo de los últimos 26 años, el 9,7%.
La estabilización económica y su impacto sobre el funcionamiento del sistema financiero
La estrategia económica, a partir del manejo de las políticas monetaria y de tipo de cambio, no sólo contribuyó a crear condiciones de valorización interna que alentaron la entrada de capitales y permitieron enfrentar los crecientes déficit en el sector externo, sino que al mismo tiempo se constituyeron en los mecanismos idóneos para el traslado al sistema financiero local de la especulación internacional. Este proceso se dio de manera paulatina en el transcurso del auge de la economía en 1990 hasta la crisis de 1994. A partir de ese momento la política monetaria se hizo más restrictiva y se adoptó un régimen de tipo de cambio flotante.
En las nuevas circunstancias económicas que trajo la crisis de 1994, donde lo usual ha sido la escasez de liquidez y el incremento de las tasas de interés, ha dejado al mercado financiero en condiciones de fragilidad que impiden la rearticulación del fondeo y el financiamiento en la economía.
Jaime Guardiola augura la estabilización económica en el 2010 sin recuperar empleo
Lo peor de la crisis ha pasado y el año que viene comenzará una progresiva estabilización económica que tendrá además signos de clara recuperación en muchas partes del planeta, desde Sudamérica a los países emergentes de Asia. Eso sí, se notará menos en España, donde esa estabilización no estará acompañada de una recuperación de los niveles de empleo perdidos en los últimos años. «El año 2010 será un año perdido en términos de recuperación de empleo», auguró ayer Jaime Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell. Esta entidad financiera mantiene un mayor optimismo que las autoridades financieras internacionales en que España será capaz, también el año próximo, de iniciar el camino de la recuperación y la salida de la crisis, declaró en el Foro Económico de EL NORTE DE CASTILLA.
La intervención de Jaime Guardiola en los salones del hotel Vinci Frontaura ante un auditorio formado fundamentalmente por empresarios, directivos y responsables de administraciones públicas fue, sobre todo, una propuesta de esperanza en que se ve luz al final el túnel de la crisis. Los signos de mejoría se multiplican en distintas partes del mundo, aunque España lleva su propio ritmo, más lento, y aquí, la crisis tendrá una solución diferente y diferida.
Guardiola encabeza el grupo Banco Sabadell desde el año 2007 al que llegó procedente del BBVA. En su opinión, ha comenzado una normalización de los mercados y tanto la bolsa como los países emergentes «se hallan en recuperación después de momentos de pánico, sobre todo tras la caída de Lehman Brothers», comentó. De igual manera, también mejora el sistema financiero europeo, donde se registra una menor cifra de demanda de recursos al Banco Central Europeo. En este sentido, resaltó que se ha generado confianza a través de la intervención de los estados, algo que después puede tener consecuencias si desde determinados sectores «se reclama una mayor intervención» en el sistema.
Explicó que la recesión se ha superado mediante la sustitución del endeudamiento privado por el endeudamiento público, una característica especial de esta crisis en la que, llegará un momento en el que habrá que «desaparecerán los estímulos» y habrá que devolver las cantidades prestadas y los beneficios fiscales, recordó.
Estrategia de salida
Pese a los signos positivos, Jaime Guardiola coincide con las autoridades monetarias al considerara que «todavía es pronto para implementar estrategias de salida de las políticas de estímulo. Estamos ante un entorno económico y financiero muy mejorado. Desde el punto de vista de un ciudadano puede ser una milonga, pero lo cierto es que es así», declaró.
Las perspectivas para el 2010 apuntan hacia una recuperación lenta, pero con una caída del crecimiento potencial. «Crecen todos, menos España», resumió el experto, pero nuestro banco tiene una visión más optimista para España», aseguró. Guardiola señaló algunos riesgos del futuro inmediato, «como el de que se retiren los programas de estímulo demasiado pronto, o los derivados de una subida del precio del petróleo», resaltó, si bien matizó que se trata de unos riesgos «relativamente pequeños».
Esta recuperación viene impulsada sobre todo por los países emergentes, con excepción de la Europa del Este y se auguran importantes mejorías tanto en Alemania como en Japón en uno entorno de mayor estabilidad financiera. «Las pérdidas de riqueza en activos inmobiliarios y financieros se detendrán, lo que generará una menor carga negativa al consumo por la vía del efecto riqueza», apuntó. Reparó en este apartado una situación paradójica en España, «donde la gente precancela sus hipotecas. Va al banco y se desendeuda de un préstamo concedido en unas condiciones muy beneficiosas en lugar de invertir esas cantidades», dijo.
En una situación que tiende de nuevo a la normalidad, las condiciones financieras también mejorarán, aunque en el futuro, no van a ser tan expansivas como lo fueron en los años anteriores a la recesión.
Retos estructurales
Para el experto, llega el momento de la aplicación de algunos retos estructurales, uno de los más destacados, un cambio regulatorio del mercado bancario, con mayores requisitos y responsabilidades del capital, una reforma de las prácticas retributivas a los directivos, la regulación de los mercados que hasta ahora no estaban organizados y la aplicación de un sistema de liquidación internacional para instituciones de importancia superior a los estados. «Caminamos hacia un mundo más bilateral con más peso específico de Asia. El mundo va a tener que crecer de forma más equilibrada», razonó. «Hasta ahora, los americanos consumían y los chinos ahorraban. Ahora, cada país tiene que tener su consumo y su ahorro. Cada economía tendrá que ser más auto sostenible», afirmó. La forma de conseguirlo, será mediante el fomento de la demanda doméstica en aquellos países con un superávit exterior sostenido y el aumento de la política social, mientras que economías como un déficit exterior sostenido, como Estados Unidos, tendrá que promover más el ahorro privado y proceder a una buena consolidación fiscal. Entre los cambios que requerirá el nuevo orden económico incluyó el mayor peso de los países emergentes tanto en el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde la cuota deberá subir a un mínimo del 5% como en el Banco Mundial, en el que la participación será del 3%.

PRESUPUESTO PÚBLICO

Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. Constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional.

Se entienden por gastos al conjunto de erogaciones, generalmente dinerarias que realiza el Estado para cumplir con sus fines, es decir, satisfacer las necesidades de la sociedad. Por el contrario, los recursos son el grupo de ingresos que tiene el Estado, preferentemente dinero para la atención de las erogaciones determinadas por las exigencias administrativas o de índole económico-social.
Para obtener estos recursos el Estado establece leyes tributarias que deben estar acordes a lo que garantiza la Constitución del país.

El Presupuesto Público también se puede conocer como el sistema mediante el cual se elabora, aprueba, coordina la ejecución, controla y evalúa la producción pública (Bien o Servicio) de una institución, sector o región, en función de las políticas de desarrollo previstas en los Planes.
La técnica debe incluir además, en forma expresa, todos los elementos de la programación (objetivos, metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y financieros) que justifiquen y garanticen el logro de los objetivos previstos.

CARACTERISTICAS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

• Incluye una programación detallada.
• Requiere de un proyecto y está contenido en un plan.
• El periodo presupuestario es de duración anual.
• Se formula, ejecuta y controla bajo la técnica de presupuesto por proyectos.
• Tiene carácter de ley.
• Cuenta con clasificadores de ingresos y gastos enlazados y consolidados.
• Como algo inherente a su naturaleza, deben ser flexibles.
• Sus datos deben estar fundamentados en estudios, análisis e investigaciones.
• Permite la determinación de responsabilidades públicas
• Se comporta como un elemento operativo dinámico


OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PUBLICO

• Prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades del ente.
• Trasformar las políticas del gobierno en programas de acción por medio de la asignación de recursos.
• Proveer la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad fiscal.
• Permitir la evaluación periódica de la gestión gubernamental
• Facilitar el proceso administrativo.
• Proveer la base legal para la realización del gasto público.
• Cumplir con los planes de la nación a largo, mediano y corto plazo.
• Coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales.
• Coordinar las actividades de organismos gubernamentales
• Establecer una relación entre los fines por cumplir y los medios con que alcanzarlos.
• Minimizar costos, al darle el mejor uso a los recursos.
• Facilitar el control.
• Facilitar la delegación de autoridad y fijar la responsabilidad financiera.
• Permitir que el público conozca los programas de gobierno.


PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO


1. Programación: Se desprende de la propia naturaleza del presupuesto y sostiene que éste -el presupuesto- debe tener el contenido y la forma de la programación.

a. Contenido: establece que deben estar todos los elementos que permitan la definición y la adopción de los objetivos prioritarios. El grado de aplicación no está dado por ninguno de los extremos, pues no existe un presupuesto que carezca completamente de una base programática, así como tampoco existe uno en el que se hubiese conseguido la total aplicación de la técnica.
b. Forma: en cuanto a la forma, con él deben explicitarse todo los elementos de la programación, es decir, se deben señalar los objetivos adoptados, las acciones necesarias a efectuarse para lograr esos objetivos; los recursos humanos, materiales y servicios de terceros que demanden esas acciones así como los recursos monetarios necesarios que demanden esos recursos.

Respecto de la forma mediante este principio se sostiene que deben contemplarse todos los elementos que integran el concepto de programación. Es decir, que deben expresarse claramente los objetivos concretos adoptados, el conjunto de acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, los recursos humanos, materiales y otros servicios que demanden dichas acciones y para cuya movilización se requieren determinados recursos monetarios, aspecto este último que determina los créditos presupuestarios necesarios.

2. Integralidad: en la actualidad, la característica esencial del método de presupuesto por programas, está dado por la integralidad en su concepción y en su aplicación en los hechos. El presupuesto no sería realmente programático si no cumple con las condiciones que imponen los cuatro enfoques de la integralidad. Es decir, que el presupuesto debe ser:

A) Un instrumento del sistema de planificación;
B) El reflejo de una política presupuestaria única;
C) Un proceso debidamente vertebrado; y
D) Un instrumento en el que debe aparecer todos los elementos de la programación.

3. Universalidad: dentro de este postulado se sustenta la necesidad de que aquello que constituye materia del presupuesto debe ser incorporado en él.
Naturalmente que la amplitud de este principio depende del concepto que se tenga de presupuesto. Si este sólo fuera la expresión financiera del programa de gobierno, no cabría la inclusión de los elementos en términos físicos, con lo cual la programación quedaría truncada.
En la concepción tradicional se consideraba que este principio podía exponerse cabalmente bajo la "prohibición" de la existencia de fondos extrapresupuestarios.

4. Exclusividad: en cierto modo este principio complementa y precisa el postulado de la universalidad, exigiendo que no se incluyan en la ley anual de presupuesto asuntos que no sean inherentes a esta materia. Ambos principios tratan de precisar los límites y preservar la claridad del presupuesto, así como de otros instrumentos jurídicos respetando el ámbito de otras ciencias o técnicas. No obstante, de que en la mayoría de los países existe legislación expresa sobre el principio de exclusividad, en los hechos no siempre se cumplen dichas disposiciones legales.
En algunos países de América Latina, particularmente en épocas pasadas, se estableció la costumbre de incluir en la ley de presupuestos disposiciones sobre administración en general, y de personal en particular, tributación, política salarial, etc., llegando, excepcionalmente, desde luego, a dictar normas que ampliaban o reformaban el Código Civil y el Código de Comercio. Sobre todo, en este último aspecto, tal inclusión no era fruto de un error, sino que se procuraba evitar la rigurosidad del trámite parlamentario a que están sujetas tales cuestiones.

5. Unidad: este principio se refiere a la obligatoriedad de que los presupuesto de todas las instituciones del sector público sean elaborados, aprobados, ejecutados y evaluados con plena sujeción a la política presupuestaria única definida y adoptada por la autoridad competente, de acuerdo con la ley, basándose en un solo método y expresándose uniformemente.
En otras palabras, es indispensable que el presupuesto de cada entidad se ajuste al principio de unidad, en su contenido, en sus métodos y en su expresión. Es menester que sus políticas de financiamiento, funcionamiento y capitalización sean totalmente complementarios entre sí.

6. Acuciosidad: para el cumplimiento de esta norma es imprescindible la presencia de las siguientes condiciones básicas en las diversas etapas del proceso presupuestario:

a) Profundidad, sistema y organicidad en la labor técnica, en la toma de decisiones, en la realización de acciones y en la formación y presentación del juicio sobre unas y otras, y
b) Sinceridad, honestidad y precisión en la adopción de los objetivos y fijación de los correspondientes medios; en el proceso de su concreción o utilización; y en la evaluación de nivel del cumplimiento de los fines, del grado de racionalidad en la aplicación de los medios y de las causas de posibles desviaciones.

7. Claridad: este principio tiene importancia para la eficiencia del presupuesto como instrumento de gobierno, administración y ejecución de los planes de desarrollo socio-económicos. Es esencialmente de carácter formal; si los documentos presupuestarios se expresan de manera ordenada y clara, todas las etapas del proceso pueden ser llevadas a cabo con mayor eficacia.

8. Especificación: este principio se refiere, básicamente, al aspecto financiero del presupuesto y significa que, en materia de ingresos debe señalarse con precisión las fuentes que los originan, y en el caso de las erogaciones, las características de los bienes y servicios que deben adquirirse.
En materia de gastos para la aplicación de esta norma, es necesario alejarse de dos posiciones extremas que pueden presentarse; una sería asignar una cantidad global que serviría para adquirir todos los insumos necesarios para alcanzar cada objetivo concreto y otra, que consistiría en el detalle minucioso de cada uno de tales bienes y servicios.
La especificación significa no sólo la distinción del objetivo del gasto o la fuente del ingreso, sino además la ubicación de aquellos y a veces de éstos, dentro de las instituciones, a nivel global de las distintas categorías presupuestarias, y, en no contados casos, según una distribución espacial. También es indispensable una correcta distinción entre tales niveles o categorías de programación del gasto.

9. Periodicidad: este principio tiene su fundamento, por un lado, en la característica dinámica de la acción estatal y de la realidad global del país, y, por otra parte, en la misma naturaleza del presupuesto.
A través de este principio se procura la armonización de dos posiciones extremas, adoptando un período presupuestario que no sea tan amplio que imposibilite la previsión con cierto grado de minuciosidad, ni tan breve que impida la realización de las correspondientes tareas.
La solución adoptada, en la mayoría de los países es la de considerar al período presupuestario de duración anual.

10. Continuidad: se podría pensar que al sostener la vigencia del principio de periodicidad se estuviera preconizando verdaderos cortes en el tiempo, de tal suerte que cada presupuesto no tiene relación con los que le antecedieron, ni con los venideros. De ahí que es necesario conjugar la anualidad con la continuidad, por supuesto que con plenos caracteres dinámicos.
Esta norma postula que todas la etapas década ejercicio presupuestario deben apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar, en cuenta las expectativas de ejercicios futuros.

11. Flexibilidad: a través de este principio se sustenta que el presupuesto no adolezca de rigideces que le impidan constituirse en un eficaz instrumento de: Administración, Gobierno y Planificación.
Para lograr la flexibilidad en la ejecución del presupuesto, es necesario remover los factores que obstaculizan una fluida realización de esta etapa presupuestaria, dotando a los niveles administrativos, del poder suficiente para modificar los medios en provecho de los fines prioritarios del Estado.
Según este principio es necesario sino eliminar, por lo menos restringir al máximo los llamados "Recursos Afectados" es decir, las asignaciones con destino específico prefijado.
En resumen, la flexibilidad tiende al cumplimiento esencial del presupuesto, aunque para ello deban modificarse sus detalles.

12. Equilibrio: este principio se refiere esencialmente al aspecto financiero del presupuesto aún cuando éste depende en último término de los objetivos que se adopten; de la técnica que se utilice en la combinación de factores para la producción de los bienes y servicios de origen estatal; de las políticas de salarios y de precios y en consecuencia, también del grado de estabilidad de la economía.

FASES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

1. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

La Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), con base en la política económica – financiera establecida por el Ejecutivo Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, en el marco plurianual del Presupuesto y los respectivos planes operativos nacionales e institucionales, define los lineamientos generales para la formulación del proyecto de la Ley de Presupuesto Anual y establece de acuerdo con la estimación de ingresos, la asignación de recursos para los organismos del Poder Nacional y las transferencias de recursos a los gobiernos regionales y entes descentralizados.
La estimación de los ingresos se realiza mediante el análisis económico – financiero de la base tributaria, apoyado en métodos estadísticos de proyección de datos, en coordinación con los organismos responsables de la liquidación y recaudación de los ingresos y la política económica que defina el Ejecutivo Nacional. Sobre esta base la ONAPRE formula el proyecto de presupuesto de ingresos.
La formulación del presupuesto de gastos se inicia en los organismos, los cuales elaboran sus anteproyectos de presupuesto a través del sistema diseñado para tal efecto, denominado SICOP. Para ello se basan en los lineamientos de política presupuestaria, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. La ONAPRE, analiza y efectúa los ajustes correspondientes a los mencionados anteproyectos. Así se obtiene el proyecto de ley que una vez aprobado, se somete a la consideración de la Asamblea Nacional para su discusión y sanción.
Una vez discutido y sancionado, se realizan los ajustes aprobados por la Asamblea Nacional mediante el sistema y automáticamente se registran los créditos presupuestarios definitivos de la Ley de Presupuesto del año, tanto en el SIGECOP Central como en el Local.
Una vez aprobada la Ley de Presupuesto, el Ejecutivo Nacional decreta la Distribución General de gastos, al mínimo nivel de desagregación de categorías programáticas y de partidas y subpartidas por objeto del gasto. Con base en dicha distribución, cada organismo de la Administración Central aprueba, por resolución ministerial interna, la respectiva distribución Administrativa del Presupuesto de Gastos desagregando por unidad administradora responsable de comprometer pagos, la distribución General.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El nuevo presupuesto (aprobado o reconducido) entra en vigencia a partir del 1º de enero del período correspondiente. Cada dependencia pública a su vez, ha distribuido sus asignaciones presupuestarias, y en caso de no generar ingresos suficientes, recibirá los aportes del Tesoro Público que se han presupuestado a lo largo del año (porciones conocidas como dozavos, veinticuatroavos, dependiendo de su entrega mensual o quincenal).

Es necesario recordar que solo pueden ejecutarse gastos que se encuentren autorizados en las respectivas leyes presupuestarias (leyes, ordenanzas o resoluciones, según sea el caso, ya sea nacional, estadal, municipal, o por organismo público).

3. CONTROL (ADMINISTRATIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL. LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA)

La ejecución del gasto público debe ser controlada y supervisada para garantizar que se realice de acuerdo a lo previsto. En primer lugar, al poder legislativo le corresponde vigilar el correcto cumplimiento de las disposiciones del presupuesto aprobado (o de los créditos adicionales autorizados); es lo que se conoce con el nombre de control legislativo.
El control administrativo lo ejercen las mismas dependencias ejecutoras del presupuesto (principalmente el poder ejecutivo), para administrar correctamente el dinero asignado a sus actividades; también se conoce con el nombre de control interno. Este control administrativo se realiza en tres momentos:

(1) Antes de ejecutar el gasto (control preventivo o previo), para verificar que la actividad a realizar está prevista en el presupuesto, dispone de fondos y será ejecutada en forma eficiente (licitaciones);
(2) En el momento de la ejecución de actividades u operaciones (control simultáneo), para verificar el desarrollo de las mismas; y
(3) El control posterior, relativo a la verificación de que las acciones ejecutadas han estado ajustadas a lo previsto en el presupuesto y las leyes.
El control judicial o jurisdiccional, como su nombre lo indica, le corresponde al Sistema Judicial, cuando se detecten irregularidades que requieran la intervención de los órganos judiciales. En materia de control presupuestario es necesario hacer referencia a la importancia de las Contralorías, ya sea a nivel nacional, estadal, municipal y hasta institucional.

En el caso de la República, las funciones de la Contraloría General de la República pueden estudiarse en la ley correspondiente; la misma ley regula el Sistema Nacional de Control Fiscal, sistema que viene a coordinar los esfuerzos de los diferentes órganos contralores del Estado venezolano de acuerdo con lo establecido por la mencionada ley.


MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Las modificaciones presupuestarias consisten en cambios que se efectúan a los créditos asignados a los programas, subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas que expresamente se señalen en la Ley de Presupuesto y su respectiva Distribución General de cada año, para los diferentes organismos. Dichas modificaciones pueden ser consecuencia de:

• Créditos Adicionales:

Son incrementos a los créditos presupuestarios que se acuerdan a los programas, subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas que expresamente señalen la Ley de Presupuesto y la Distribución General de cada año. El Ejecutivo Nacional, al tramitar la modificación presupuestaria en referencia, debe demostrar que el Tesoro Nacional dispondrá de los recursos para atender la erogación.

• Rectificaciones:

Son incrementos de créditos presupuestarios que se acuerdan a los programas, subprogramas, obras, partidas y subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas de los organismos ordenadores de compromisos y pagos, para gastos necesarios no previstos o que resulten insuficientes. La fuente de financiamiento es la partida "Rectificaciones al Presupuesto" prevista en la Ley de Presupuesto anual; por ello, el uso de esa partida aumenta los créditos del organismo, pero no al total de las asignaciones acordadas en dicha Ley.

• Insubsistencia o anulaciones de créditos:

Es una modificación presupuestaria mediante la cual se anulan, total o parcialmente, los créditos no comprometidos acordados a programas subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas de la Ley de Presupuesto; constituye una de las modificaciones que provoca rebaja a los créditos del presupuesto de gastos.

• Ajustes en los créditos por Reducción de Ingresos:

Es una modificación presupuestaria mediante la cual se anulan total o parcialmente los créditos no comprometidos acordados a programas, subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas de la Ley de Presupuesto. Estas reducciones a los créditos se originan cuando se evidencia una disminución de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal.

• Reprogramación de contrato de obras:
Consiste en la posibilidad de asignar a "Nuevos Contratos" los créditos destinados a "Contratos Vigentes", siempre y cuando se demuestre que no existen pagos pendientes por trabajos ya ejecutados.

• Traspasos de créditos:
Consiste en una reasignación de créditos presupuestarios entre partidas y sub partidas genéricas, específicas y subespecificas de un mismo programa o distintos programas que no afectan el total de los gastos previstos en el presupuesto. De acuerdo a los niveles de aprobación los traspasos se clasifican en:

1. Los que ameriten modificación de las partidas o de las subpartidas controladas, requieren aprobación del Poder Legislativo.

2. Los que ameriten modificación de las partidas o de las subpartidas no controladas, requieren aprobación del Poder Legislativo Congreso, si el monto es mayor al cinco por ciento (5%)

3. Los que ameriten modificación de las partidas o de las subpartidas no controladas, requieren aprobación de la Oficina Central de Presupuesto si el monto es igual o menor al cinco por ciento (5%).

4. Los que afecten a las subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas no controladas de una partida, deben ser autorizadas por la máxima autoridad del organismo o su delegado.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Es un indicador económico global que muestra la relación entre la población y el ingreso nacional en un periodo determinado. Muestra la forma en que se distribuye el ingreso nacional entre los diferentes factores de la producción (tierra, trabajo, capital y organización). De esta manera, a la tierra le corresponde la renta; al trabajo, el sueldo y el salario; al capital, la ganancia y el interés; y a la organización, el beneficio. El conjunto de sueldos, salarios, ganancias, intereses y rentas forman el ingreso nacional, que se distribuye entre todos aquellos que contribuyen a crearlos.

El ingreso público es toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos, cuyo objetivo general es financiar los gastos públicos; se tiene que los ingresos del Estado, e igualmente los del Municipio, pueden ser ingresos tributarios o ingresos no tributarios.

La teoría de la Distribución del Ingreso es una rama de la teoría económica que intenta explicar cómo se determinan los Precios de los factores de la producción y por tanto, el Ingreso que ellos reciben. En cambio, la distribución personal del ingreso no está formalmente incluida en la teoría económica porque depende de las condiciones institucionales, tributarias y sociales existentes en cada país.

Distribución del ingreso: el modelo kirchnerista.

La presencia del Estado en la forma que se distribuye el ingreso, además de servicios esenciales para la población (educación y salud), es uno de los más importantes debates económico-sociales que recorren el escenario político doméstico “El ingreso promedio, el consumo y la riqueza son estadísticas significativas, pero que no dicen la historia completa sobre los niveles de vida. Por ejemplo, un aumento en el ingreso promedio podría ser distribuido de manera desigual entre los distintos grupos, dejando algunos hogares relativamente en peor situación que otros. Así, las medidas promedio de los ingresos, el consumo y la riqueza deberían ser acompañados de indicadores que reflejan su distribución.” Esta definición corresponde al Informe de “La Comisión de Medición de Desempeño Económico y el Progreso Social” encabezada por los Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Amartya Sen, conformada en 2008 por iniciativa del presidente de Francia, para investigar las razones de la pérdida de credibilidad de las estadísticas oficiales que atraviesan varios países del mundo.


El modelo económico kirchnerista generó millones de puestos de trabajo, con un salario real que ha recuperado un 16 por ciento del valor que tenía en 2002. Pero con una participación de los salarios en los ingresos nacionales un 11 por ciento menor al momento de la crisis de 2002. Esto es así porque mientras la masa salarial aumentó un 16 por ciento hasta 2007 en relación con 2001, el PBI se elevó 31 por ciento en el mismo período. Esto fue como consecuencia de que en esta etapa siguió la tendencia de aumento del salario real siempre por debajo del crecimiento de la productividad. Las cifras de la economía marcan una profundización de la concentración y centralización de capitales, como así también una continuidad de la extranjerización de las empresas más importantes del país. Las mejoras en la situación material de millones de argentinos han convivido con el mantenimiento dentro de márgenes de pobreza e indigencia de otros tantos compatriotas, como así también con una distribución de la riqueza producida dentro de las fronteras nacionales en condiciones de mayor inequidad.

“Adecuadamente definidas, los ingresos del hogar y el consumo también deben reflejar servicios en especie previstas por el Gobierno, tales como la atención de la salud subsidiada y los servicios de educación” (Informe Stiglitz-Sen). Durante el período menemista estos servicios públicos sufrieron un fuerte vaciamiento, siendo privatizados todas y cada una de las partes que pudieran ser manejadas como mercancías rentables, o sea los dirigidos a los sectores con ingresos suficientes para acceder a ellos. Quedando así millones de personas abandonadas a su suerte, con servicios desmantelados sostenidos en infraestructuras obsoletas y totalmente deterioradas. En la etapa kirchnerista esta situación no ha cambiado sustancialmente. Como en otros rubros de la actividad del Estado, a los primeros impulsos basados en indispensables políticas de contención dirigidas hacia los sectores más postergados para paliar sus necesidades más urgentes, no le siguió un período de inversiones que iniciara el camino de reconstrucción de las condiciones de infraestructura capaz de generar una base mínima para el despegue. En Educación, si bien la Ley de Financiamiento Educativo posibilita el traslado de recursos a las provincias, el destino de éstos en el mejor de los casos va sólo al pago de salarios. La matrícula tuvo un incremento importante en estos años, pero no decrecieron los niveles de deserción, con lo que la obligatoriedad de la terminalidad secundaria por ahora es una sola letra vacía.

En el caso de la Salud Pública, la situación es más grave. Allí se refleja crudamente la consolidación de la fractura social que divide la Argentina. Existe una salud privada a la que pueden acceder los sectores de mayores recursos, con prepagas que cobran dos o tres sueldos mínimos de un trabajador y cuentan con sanatorios que son auténticos hoteles de lujo. Existe también la básica que reciben los asalariados a través de sus obras sociales, controladas por verdaderas mafias que se quedan con una importante porción de los descuentos que les practican a los sueldos de los trabajadores. Y por último existe el hospital público que continúa vaciado y sin recursos sobre todo el que está implantado en el corazón de los bolsones de pobreza en una situación no muy diferente de la época menemista. En esta franja actúa además la intermediación de los intendentes, que negocian con el sector privado tercerizando y arancelando servicios, por lo que ellos cobran su parte.


Desde nuestro punto de vista son difíciles de desmentir esas tendencias confirmadas por cifras y datos objetivos. En la época menemista el Estado estaba totalmente ausente entre los sectores más postergados de la población, que se siguen contando por millones. Hoy está presente con débiles paliativo y sin ninguna solución sustentable. Lo que algunos pueden discutir es si había otro rumbo que pudiera arrojar mejores resultados para los sectores populares. Obviamente nosotros pensamos que sí lo había.
En cuanto al gasto público, este se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto público para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica.

El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas Económicos establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de distintos maneras pero básicamente se consideran el Gasto Neto que es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de deuda pública, este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo.

Gasto Programable: es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Por otro lado resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios.

La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y partidas específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector público. Con base a esta clasificación, el gasto programable se divide en gasto corriente y gasto de capital. Estos componentes a su vez se desagregan en servicios personales, pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro, y en inversión física y financiera dentro del segundo.

Gasto corriente: Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de: administración gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y regulación; y desarrollo social.

Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su infraestructura.

Gasto de Capital: El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector público. Como gastos; gastos de Defensa Nacional, también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía.

El gasto público es una autorización para que se destine a la realización de una obra o a la ejecución de un servicio público la totalidad o parte de los créditos presupuestarios para estas atenciones. Y el pago es el acto mediante el que se expide, en relación con una obligación contraída, la correspondiente orden contra la Tesorería del Estado.

También puede definirse como la utilización de recursos monetarios destinados a la realización de actividades de interés público de acuerdo con las autorizaciones presupuestarias, por lo que, es determinante que para que exista gasto público, que se a realizado por una entidad pública, consistir en una suma de dinero y tener por fin la utilidad pública y el interés social.

EFECTOS DEL GASTO PÚBLICO


Un excedente del gasto público superior al 30% de la renta nacional, tiene considerable influencia sobre la economía. El aumento desmedido, así como una disminución influye en la economía nacional. El gasto público incide en el ingreso nacional; el producto interno bruto y la inversión. Los gastos para la producción de bienes y servicios, financiados con recursos tributarios, si existe empleo, el mayor gasto estimulará un aumento en el ingreso nacional y en el empleo que afectará al consumo; si por el contrario afecta a sectores de ingresos bajos con tendencias altas al consumo, puede que provoque un efecto de recesión y desempleo.


Los gastos para la producción de bienes y servicios financiados con recursos del crédito público, puede tener efectos redistributivos, haciendo difícil la determinación de la incidencia en el endeudamiento. Incrementa el ingreso nacional, el empleo u la inflación.


Los gastos para la producción de bienes y servicios, financiado con la emisión monetaria, producen variaciones en el nivel de precios y en caso de pleno empleo, puede producir una explosión inflacionaria. Si por el contrario es financiado con emisión monetaria en época de recesión y desempleo, ocurre una reactivación de la economía y un crecimiento en el ingreso nacional.

Los gastos para la redistribución de ingresos financiados con ingresos tributarios, tienen un efecto de estabilidad en el nivel de precios y pleno empleo. En cambio cuando el gasto de transferencia es financiado con recursos del crédito público, tiende a un efecto inflacionario. En caso de depresión económica y desempleo, favorece la reactivación económica.

GESTIÓN FISCAL

Es el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a las adecuadas y correctas adquisiciones, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, el manejo y la inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado y atendiendo a los principios de gestión fiscal.

 Características principales de la gestión fiscal:

 Verificación de las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas:

Actividades Económicas. Se trata de los Gasto, Inversión y recaudo. El tráfico económico de los recursos y bienes públicos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado.

Jurídicas. Se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas.

Tecnológicas. Apropiación de tecnologías viables, pertinentes (oportunidad) y conducentes a los fines de la gestión.


 Realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos:

Los particulares también están comprometidos con los fines esenciales del Estado cuando asumen el manejo de fondos o bienes públicos y les asiste la obligación de observar los mismos principios porque contribuyen directa o indirectamente en la búsqueda de dichos fines (ibídem).



 Tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos:

Adecuada. Tiene que ver con la pertinencia (oportunidad) de la gestión.

Correcta Con la plena observancia de las normas que regulan la adquisición de bienes y servicios (contratación) y la gestión en sí (conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos).

 Permite a la recaudación el manejo e inversión de sus rentas:

Las rentas propias no escapan a los principios ordenadores de la gestión fiscal por el simple hecho de ser propias.


 Ordena a cumplir los fines esenciales del estado:

Son fines esenciales del Estado:

Sirve a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

 Establece una sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad:

Legalidad. Observar las normas dentro del Estado Social de Derecho.

Eficiencia. Aprovechamiento máximo de los recursos disponibles.

Economía. Cuidado diligente de los recursos disponibles
Eficacia: Relacionado con la búsqueda y logro de los objetivos planteados

Equidad: La distribución mayoritaria de los beneficios.
Imparcialidad: Objetividad en la gestión y la escogencia de ejecutores y beneficiarios. Tiene que ver con prioridades y coberturas.
Moralidad: Exento de mala fe. La moralidad es un código de ética personal e interna.
Transparencia.: Una gestión clara a los ojos de todos los asociados.
Publicidad: principios relacionado con le conocimiento de los fines y los resultado ante, durante y después de la gestión.
 Valoración de los cotos ambientales:

Las condiciones sociales y económicas del país (ciudadanos, Estado y patrimonio público y privado), dependen de la oferta y demanda de bienes y servicios naturales. Por lo tanto debemos estar en la capacidad de medir los costos del deterioro de los recursos no renovables y de la reposición de aquellos que sí lo son, para garantizar la sostenibilidad de la oferta ambiental y la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.
Sin este referente, la gestión fiscal resulta coyuntural

 Principios generales sobre la Hacienda Pública Municipal:
La ley de la administración pública establece lo siguientes:
La Hacienda Pública Municipal está constituida por los bienes, ingresos y obligaciones que forman su activo y pasivo, así como los demás bienes y rentas cuya administración corresponda al ente municipal.
El Tesoro Municipal está conformado por el dinero y los valores de la entidad municipal así como por las obligaciones a su cargo.
La administración financiera de la Hacienda Pública Municipal está conformada por los sistemas de bienes, planificación, presupuesto, tesorería, contabilidad y tributario regulados en esta Ley.
La administración financiera de la Hacienda Pública Municipal se ejercerá en forma planificada con arreglo a los principios de legalidad, eficiencia, celeridad, solvencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad, equilibrio fiscal y de manera coordinada con la Hacienda de la República y la de los estados, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra a favor de los municipios para la gestión de las materias de su competencia y para la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
. El alcalde o alcaldesa es el o la responsable de la Hacienda Pública Municipal y le corresponde la dirección de su administración financiera, sin perjuicio del régimen de control atribuido al Concejo Municipal, al Consejo Local de Planificación Pública, a la Contraloría Municipal y al control ciudadano.
También están sujetos a las regulaciones de este Título en cuanto le sean aplicables, los demás entes u organismos que conforman el sector público municipal, a saber:
 Los distritos metropolitanos:
 Los distritos metropolitanos.
 Los institutos autónomos municipales.
 Los servicios autónomos sin personalidad jurídica creados por los municipios.
 Las sociedades mercantiles en las cuales los municipios tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento de su capital social.
 Las fundaciones, sociedades civiles, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con fondos públicos municipales que representen el cincuenta por ciento o más de su patrimonio.
 Las demás personas jurídicas municipales de derecho público, con o sin fines empresariales no contempladas en los numerales anteriores.
De los bienes y obligaciones municipales:
Se puede mencionar según lo establecido en la ley de administración pública que los bienes y las obligaciones municipales son:

Son bienes municipales, sin menoscabo de legítimos derechos de terceros, los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título formen parte del patrimonio del Municipio, o aquellos destinados en forma permanente a algún establecimiento público o servicio del Municipio o a algún ramo de su administración, salvo disposición o convenio expresos en contrario.

 Los bienes municipales se dividen en bienes del dominio público y bienes del dominio privado:
 Los bienes de dominio público son:
Los ejidos. Se exceptúan las tierras correspondientes a los pueblos y comunidades indígenas.
Las vías terrestres urbanas, rurales y de usos comunales.
Los que adquiera el Municipio mediante expropiación conforme a la ley.
Los bienes del dominio público del Municipio son inalienables e imprescriptibles, salvo que el Concejo Municipal proceda a su desafectación con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de sus integrantes, previa consulta con los Consejos Locales de Planificación Pública. En el expediente administrativo de desafectación debe constar la opinión del Síndico Procurador o Síndica Procuradora y del Contralor o Contralora Municipal.
 Los ingresos ordinarios del Municipio:
Son aquellos que:
Procedentes de la administración de su patrimonio, incluido el producto de sus ejidos y bienes.
Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, con las limitaciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; las contribuciones especiales por mejoras sobre plusvalía de las propiedades generadas por cambio de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística y cualesquiera otros que le sean asignados por ley.
El impuesto territorial rural o sobre predios rurales y otros ramos tributarios Nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de estos tributos.
Los derivados del Situado Constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o estadales.
El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que le sean atribuidas.
Los dividendos o intereses por suscripción de capital.
Los provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial.
Los demás que determine la ley.

 Ingresos extraordinarios del Municipio:
 El producto del precio de venta de los ejidos y demás bienes muebles e inmuebles municipales.
 Los bienes que se donaren o legaren a su favor.
 Las contribuciones especiales.
 Los aportes especiales que le acuerden organismos nacionales o estadales.
 El producto de los empréstitos y demás operaciones de crédito público contratados, de conformidad con la ley.


Los ingresos públicos extraordinarios sólo podrán destinarse a inversión en obras o servicios que aseguren la recuperación de la inversión o el incremento efectivo del patrimonio del Municipio. Excepcionalmente y sólo en caso de emergencia por catástrofe o calamidad pública, podrán destinarse para atenderla; este destino requerirá la autorización del Concejo Municipal.
Cuando dichos ingresos provengan de la enajenación de terrenos de origen ejidal y demás bienes muebles e inmuebles del Municipio, deberán necesariamente ser invertidos en bienes que produzcan nuevos ingresos al Municipio.
Los concejales o concejalas velarán por el cumplimiento de este artículo y responderán solidariamente con el alcalde o alcaldesa por la contravención de esta norma, a menos que demostraren el respectivo procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad administrativa y civil del alcalde o alcaldesa.


Conclusión:
La considerable influencia de la gestión fiscal en las variables macroeconómicas importantes del país: la liquidez monetaria, la demanda agregada interna, la estructura de los salarios, el empleo, la actividad financiera, entre otras en función de la percepción básica de ingresos petroleros y del dominio de la industria y el comercio de hidrocarburos del país, imprime una característica notable al curso de los hechos que afectan al espacio en que se mueven las políticas conducidas por el BCV. Por ello, lo indicado es una coordinación entre la política fiscal, la monetaria, la cambiaria y la financiera, dentro de una estrategia de Estado que se proponga determinados objetivos: de estabilidad con crecimiento económico equitativo, de elevados niveles de empleo y de conformidad social.

Las estimaciones de los ingresos fiscales se hacen tomando en consideración precios y volumen de exportación petrolera, tasa de cambio y de inflación proyectadas, tasa de crecimiento del PIB y de las importaciones y tasa de impuestos. Asimismo se pautan comportamientos de precios y tarifas de bienes y servicios producidos por las empresas públicas, de acuerdo con decisiones de política gubernamental.
Las estimaciones del gasto público se fundamentan en supuesto sobre: tasas de interés interna y externa, tasa de inflación y planes de gastos pautados por el Gobierno Central, PDVSA y empresas públicas no financieras, ajustados a sus respectivos presupuestos del período. Los resultados financieros así proyectados deben adecuarse a los valores, meta del déficit fiscal global pautados para el período. No obstante, debe ocurrir cambios en el escenario económico, particularmente en el mercado petrolero, las metas del programa económico pueden ser revisadas.
La gestión fiscal contempla el Fondo de Inversiones y Estabilización Macroeconómica (Fiem), mediante el cual se canalizan los ingresos petroleros extraordinarios de modo de impedir que las fluctuaciones externas de carácter coyuntural se manifiesten en desequilibrios macroeconómicos indeseados.

POLITICA IMPOSITIVA

Impuesto:
El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por Derecho público. Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la Administración (acreedor tributario).


Surge exclusivamente por la "potestad tributaria del Estado", principalmente con el objeto de financiar sus gastos.
Su principio rector, denominado "Capacidad Contributiva", sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de solidaridad.
Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar el estado. En pocas palabras: sin los impuestos el estado no podría funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, eléctricas), prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales), etc.
En ocasiones, en la base del establecimiento del impuesto se encuentran otras causas, como disuadir la compra de determinado producto (por ejemplo, tabaco)o fomentar o desalentar determinadas actividades económicas. De esta manera, se puede definir la figura tributaria como una exacción pecuniaria forzosa para los que están en el hecho imponible.

Finalidades

Los impuestos pueden ser usados con tres diferentes finalidades como por ejemplo:
• fines fiscales: es la aplicación de un impuesto para satisfacer una necesidad pública de manera indirecta. Es decir, se recauda y lo producido de la recaudación (el dinero) se aplica en gastos para financiar diversos servicios públicos.
• fines extra-fiscales: es la aplicación de un impuesto para satisfacer una necesidad pública o interés público de manera directa. El clásico ejemplo son los impuestos a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas.
• fines mixtos: es la finalidad de búsqueda conjunta de los dos fines anteriores.
Elementos del impuesto
• Hecho imponible: Aquella circunstancia cuya realización, de acuerdo con la ley, origina la obligación tributaria. Son hechos imponibles comunes la obtención de una renta, la venta de bienes y la prestación de servicios, la propiedad de bienes y la titularidad de derechos económicos, la adquisición de bienes y derechos por herencia o donación.

• Sujeto pasivo: el que debe, es la persona natural o jurídica que está obligada por ley al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Se distingue entre contribuyente, al que la ley impone la carga tributaria, y responsable legal o sustituto del contribuyente que está obligado al cumplimiento material o formal de la obligación.
• Sujeto activo: es la entidad administrativa beneficiada directamente por el recaudo del impuesto, quien hace figurar en su presupuesto los ingresos por el respectivo tributo. En el caso colombiano, por ejemplo, los sujetos activos son administraciones de carácter territorial de orden nacional, departamental, municipal o distrital, a los que la creación del tributo define en un caso u otro como destinatarios.

• Base imponible: es la cuantificación y valoración del hecho imponible y determina la obligación tributaria. Se trata de una cantidad de dinero, pero puede también tratarse de otros signos, como el número de personas que viven en un vivienda, litros de gasolina, litros de alcohol o número de cigarros.
• Tipo de gravamen: es la proporción que se aplica sobre la base imponible con objeto de calcular el gravamen. Dicha proporción puede ser fija o variable.
• Cuota tributaria: Aquella cantidad que representa el gravamen y puede ser una cantidad fija o el resultado de multiplicar el tipo impositivo por la base imponible

• Deuda tributaria: es el resultado final luego de reducir la cuota con posibles deducciones y de incrementarse con posibles recargos, que debe ser emposada (pagada) al sujeto activo según las normas y procedimientos establecidos para tal efecto.
Clases de impuestos
Los impuestos son generalmente calculados con base en porcentajes, llamados tasas de impuestos o alícuotas, sobre un valor particular, la base imponible.

Un impuesto Ad Valorem es aquel para el cual el impuesto base es el valor de un bien, servicio o propiedad. Los impuestos de ventas, tarifas, impuestos de herencia e impuestos al valor agregado son diferentes tipos de impuestos Ad Valorem. Un impuesto Ad Valorem es generalmente aplicado al momento de una transacción (impuesto al valor agregado), pero puede ser aplicado también anualmente o en conexión con un evento especial (impuesto a la herencia).
La alternativa al impuesto Ad Valorem es un impuesto de tasa fija, donde la tasa base es la cantidad de algo, sin importar su precio: por ejemplo, en el Reino Unido un impuesto es recaudado sobre la venta de bebidas alcohólicas y es calculado sobre la cantidad de alcohol vendido en vez del precio de la bebida.
Impuestos progresivos y regresivos
Una cualidad importante de los sistemas de impuestos es como varían a medida que aumenta la base imponible a la que se aplica el impuesto. Normalmente esta base imponible es algún valor relacionado con el ingreso total, renta o ganancia de un cierto individuo o agente económico. Según la variación de la cuantía porcentual del impuesto estos se clasifican en:

• Impuesto plano o proporcional, cuando el porcentaje no es dependiente de la base imponible o la renta del individuo sujeto a impuestos.
• Impuesto progresivo, cuando a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuestos sobre la base.
• Impuesto regresivo, cuando a menor ganancia o menor renta, mayor el porcentaje de impuestos que debe pagarse sobre el total de la base imponible.
Los impuestos progresivos reducen el agobio sobre personas de ingresos menores, ya que ellos pagan un menor porcentaje sobre sus ganancias. Esto puede ser visto como algo bueno en sí mismo o puede ser hecho por razones pragmáticas, ya que requiere menores registros y complejidad para personas con menores negocios. A veces se califica de impuesto progresivo o regresivo a un impuesto cuyos efectos puedan ser más favorables o desfavorables sobre las personas de rentas menores, pero este uso informal del término no admite una definición clara de regresividad o progresividad.
Los impuestos regresivos son utilizados por los estados en actividades en las que es de interés nacional el que se trabaje con grandes volúmenes de capital, un ejemplo clásico lo constituyen las exportaciones de productos elaborados con materias primas del país, como las maderas exóticas, la minería, o en algunos casos (cuando los volúmenes y el desarrollo de la industria en el país lo permite) los combustibles. En todos estos casos a fin de alentar la industrialización en el propio país se fijan dichos impuestos para desalentar o evitar la exportación de materias primas sin valor agregado al tornar la actividad poco rentable (o incluso llegando a ser económicamente inviable), cabe señalar que en este caso en concreto algunos países podrian tomar como base el grado de industrialización del producto como referente para la consideración de la base imponible.
La discusión sobre la progresividad o la regresividad de un impuesto está vinculada al principio tributario de "equidad", que a su vez remite al principio de "capacidad tributaria" o contributiva. La Constitución de la Nación Argentina (art.16) reza: "La igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas", lo que la doctina entendió como "igualdad de esfuerzos" o "igualdad entre iguales". Se desprende así el concepto de equidad horizontal y vertical del impuesto. La equidad horizontal indica que, a igual renta, consumo o patrimonio, los contribuyentes deben aportar al fisco en igual medida. La equidad vertical indica que, a mayor renta, consumo o patrimonio, debe aportarse en mayor medida, es decir, a tasas más altas, para conseguir la "igualdad de esfuerzos". Basándose en este último concepto, es que se ha generalizado el uso del término "regresividad" para calificar a los impuestos que exigen un mayor esfuerzo contributivo a quienes menos capacidad tributaria tienen. Es el caso del IVA, que siendo un impuesto plano en su alícuota, al gravar productos de primera necesidad impone un esfuerzo tributario mayor a las clases bajas.
Impuestos directos e indirectos
Impuesto directo o imposición directa es el impuesto que grava directamente las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta. Son el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones, la contribución rústica y urbana (o impuesto sobre bienes inmuebles), los impuestos sobre la posesión de vehículos (Impuesto de la tenencia o uso de vehículos, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica), animales, etc. En sistemas fiscales históricos se daba la capitación (impuesto igual a todos los habitantes), y también eran impuestos directos muchos de los exigidos dentro del complejo sistema fiscal en torno a la renta feudal.

Impuesto indirecto o imposición indirecta es el impuesto que grava el consumo. Su nombre radica en que no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente sino que recae sobre el costo de algún producto o mercancía. El impuesto indirecto más importante es el impuesto al valor agregado o IVA el cual constituye una parte importante de los ingresos tributarios en muchos países del mundo. Históricamente, es el caso de la alcabala castellana del Antiguo Régimen y de los consumos del siglo XIX.
Servicio Público (AGUA) Servicio
Público (ASEO)
Existe otra posibilidad de definición de ambos tipos de imposición, teniendo en cuenta consideraciones jurídicas, según las que son directos los impuestos en los que el contribuyente de iure (aquel que la ley designa como responsable del ingreso del tributo al fisco), es el mismo que el contribuyente de facto (quien soporta la carga impositiva), al tiempo que considera indirectos a aquellos impuestos que presentan una traslación de la carga impositiva del contribuyente de iure al contribuyente de facto. Si bien esta traslación puede presentarse en distintos sentidos (hacia adelante si se la traslada a los clientes; hacia atrás, si se la traslada a los factores de la producción; lateral, si se la traslada a otras empresas), debe considerarse, a los fines de esta concepción de impuesto indirecto, sólo la traslación hacia adelante. Esta posición es ampliamente difundida, pero presenta asimismo aspectos muy discutidos, en el sentido de que es muy difícil determinar quién soporta verdaderamente la carga tributaria y en qué medida. No obstante, esta definición suscita las más interesantes discusiones sobre los efectos económicos de los impuestos.
Dentro de los impuestos directos se pueden encontrar dos tipos:
• Impuestos de producto: aquellos que se aplican sobre rentas, productos o elementos patrimoniales, y cuyo gravamen depende de las características de esos bienes y no del titular de los mismos.

• Impuestos personales: aquellos que se aplican sobre rentas o patrimonios pertenecientes a personas físicas o jurídicas, y cuyo gravamen está graduado en función de la capacidad de pago de las mismas.
Los impuestos directos más usuales en los distintos sistemas tributarios son el Impuesto a la Renta o a la Ganancias de personas físicas y sociedades, los impuestos al Patrimonio (en Argentina, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta), Derechos de Exportación, impuesto a la transferencia de bienes a título gratuito. Como impuestos indirectos típicos puede mencionarse al IVA, impuestos a los consumos específicos (denominados Impuestos Internos en muchos países), y Derechos de Importación.
Ejemplos de impuestos existentes
• Impuesto sobre el Valor Agregado o Añadido (IVA): se aplica a artículos vendidos y según el producto varía la carga del impuesto. En España es del 16%. En Guatemala es del 12%. En México por ejemplo, aumentó del 15 al 16%(excepto las franjas fronterizas (norte y sur de México) que aumentó de 10 a 11%). En Argentina es del 21% (con algunas pocas excepciones en algunos productos).En Chile y Perú es de un 19%.En Paraguay es el 10% 5% Ecuador el 12% y en El Salvador es del 13%

• Impuesto sobre la Renta (Impuesto a la ganancia):
•
• Impuesto sobre Sociedades (España).
• Impuesto de circulación: se aplica a vehículos. En España depende de la cilindrada y del número de cilindros.
•
• Impuesto sobre hidrocarburos: se aplica a los carburantes y constituye la mayor parte del precio de estos.

• Impuesto a la herencia o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

• Impuesto al alcohol.
•
• Impuesto al tabaco.
•
• Impuesto sobre Actividades Económicas.
• Impuestos de los Ayuntamientos.
• Impuesto de la tenencia o uso de vehículos en México.
• Impuesto a la ganancia presunta (un impuesto de emergencia en Argentina)..
Tipos de impuestos
La clasificación de impuestos de la OCDE es la siguiente:
• Impuestos sobre la renta (ISR), los beneficios y las ganancias de capital
o Impuestos individuales sobre la renta, beneficios y ganancias de capital
o Impuestos de sociedades sobre la renta, beneficios y ganancias de capital
o Otros
• Contribuciones a la Seguridad Social
o Trabajadores
o Empresarios
o Autónomos y empleados
• Impuestos sobre nóminas de trabajadores y mano de obra
• Impuestos sobre la propiedad
o Impuestos periódicos sobre la propiedad inmobiliaria
o Impuestos periódicos sobre la riqueza neta
o Impuestos sobre herencias, sucesiones y donaciones
o Impuestos sobre transacciones financieras y de capital
o Impuestos no periódicos
• Impuestos sobre bienes y servicios
o Impuestos sobre producción, venta, transferencias, arrendamiento y distribución de bienes y prestación de servicios.
o Impuestos sobre bienes y servicios específicos
o Impuestos sobre uso o permiso de uso o desarrollo de actividades relacionadas con bienes específicos (licencias).
• Otros impuestos
o pagados exclusivamente por negocios
o Otros
Efectos económicos de los impuestos
El establecimiento de un impuesto supone una disminución de su renta disponible de un agente, esto puede producir una variación de la conducta del agente económico. En cuanto al efecto sobre la renta nacional el efecto puede ser favorable o desfavorable de acuerdo con el modelo IS-LM.
Por otro lado, algunos impuestos al incidir sobre el precio de los productos que gravan, es posible que los productores deseen pasar la cuenta del pago del impuesto a los consumidores, a través de una elevación en los precios.

Repercusión
Los impuestos son pagados por los sujetos a quienes las leyes imponen las obligaciones correspondientes. Este hecho no tiene solamente un significado jurídico, ya que el pago del impuesto impone al sujeto la necesidad de disponer de las cantidades líquidas para efectuarlo lo que, a veces, involucra también la necesidad de acudir al crédito en sus diversas formas. Todo ello trae con sigo consecuencias en la conducta económica del contribuyente y alteraciones en el mercado.

Transferencia o Traslación
Se da cuando el sujeto de iure, es decir aquel sujeto obligado por la ley al pago del impuesto, traslada a un tercero (sujeto de facto) mediante la subida del precio, la cuantía del tributo, de modo que se resarce de la carga del impuesto.
Éste es un efecto económico y no jurídico, porque se traslada la carga económica pero no la obligación tributaria: El Estado a quien coaccionará para cobrarle será al sujeto de iure y no al de facto, con quien no tiene ningún vínculo.
Incidencia
Se da por:
• Vía Directa: igual a la percusión.
El sujeto de jure se confunde con el sujeto de facto, porque la incidencia es hacia el sujeto pensado en la norma por su capacidad contributiva.
• Vía Indirecta: es la misma que traslación.
El impuesto incide en un sujeto por vía indirecta.
Difusión
• Fenómeno general que se manifiesta por las lentas, sucesivas y fluctuantes modificaciones en los precios, en el consumo y en el ahorro.
• Los impuestos en conjunto tienen un efecto real y cierto en la economía de los particulares.
Ejemplos:
Impuestos Directos: ahorramos menos por pagar la renta.
Impuestos Indirectos: inciden en el precio final de los productos: se puede consumir menos.
Amortización
• Uno de los efectos de los impuestos, que no es de carácter general sino peculiar de los impuestos reales que gravan permanentemente el rédito de los capitales durablemente invertidos y que, en cierto modo, distinto de la incidencia, se denomina amortización del impuesto.
Diferencia entre Tasas e Impuestos

Existen tres clásicos criterios para distinguir estos tributos:
• Medio de financiación: Según este criterio, los Impuestos son el medio de financiación de Servicios Públicos Indivisibles (los que no pueden determinarse el grado de beneficio para quien lo goza), y las Tasas son el medio de financiación de Servicios públicos divisibles (los que pueden determinarse el grado de beneficio de quien lo goza). Se critica a este criterio de que los servicios públicos divisibles son financiados indistintamente por impuestos o tasas.
• Grado de beneficio: Según este criterio en el pago del Impuesto no hay contraprestación por parte de Estado, en cambio con el pago de Tasas si hay una contraprestación, sin importar que sea efectiva o potencial.
• Causa: Según este criterio el impuesto tiene como causa la capacidad contributiva o más bien dicho la comisión del hecho imponible, en cambio la tasa tiene como causa el uso efectivo o potencial de servicios públicos.