Es un indicador económico global que muestra la relación entre la población y el ingreso nacional en un periodo determinado. Muestra la forma en que se distribuye el ingreso nacional entre los diferentes factores de la producción (tierra, trabajo, capital y organización). De esta manera, a la tierra le corresponde la renta; al trabajo, el sueldo y el salario; al capital, la ganancia y el interés; y a la organización, el beneficio. El conjunto de sueldos, salarios, ganancias, intereses y rentas forman el ingreso nacional, que se distribuye entre todos aquellos que contribuyen a crearlos.
El ingreso público es toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos, cuyo objetivo general es financiar los gastos públicos; se tiene que los ingresos del Estado, e igualmente los del Municipio, pueden ser ingresos tributarios o ingresos no tributarios.
La teoría de la Distribución del Ingreso es una rama de la teoría económica que intenta explicar cómo se determinan los Precios de los factores de la producción y por tanto, el Ingreso que ellos reciben. En cambio, la distribución personal del ingreso no está formalmente incluida en la teoría económica porque depende de las condiciones institucionales, tributarias y sociales existentes en cada país.
Distribución del ingreso: el modelo kirchnerista.
La presencia del Estado en la forma que se distribuye el ingreso, además de servicios esenciales para la población (educación y salud), es uno de los más importantes debates económico-sociales que recorren el escenario político doméstico “El ingreso promedio, el consumo y la riqueza son estadísticas significativas, pero que no dicen la historia completa sobre los niveles de vida. Por ejemplo, un aumento en el ingreso promedio podría ser distribuido de manera desigual entre los distintos grupos, dejando algunos hogares relativamente en peor situación que otros. Así, las medidas promedio de los ingresos, el consumo y la riqueza deberían ser acompañados de indicadores que reflejan su distribución.” Esta definición corresponde al Informe de “La Comisión de Medición de Desempeño Económico y el Progreso Social” encabezada por los Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Amartya Sen, conformada en 2008 por iniciativa del presidente de Francia, para investigar las razones de la pérdida de credibilidad de las estadísticas oficiales que atraviesan varios países del mundo.
El modelo económico kirchnerista generó millones de puestos de trabajo, con un salario real que ha recuperado un 16 por ciento del valor que tenía en 2002. Pero con una participación de los salarios en los ingresos nacionales un 11 por ciento menor al momento de la crisis de 2002. Esto es así porque mientras la masa salarial aumentó un 16 por ciento hasta 2007 en relación con 2001, el PBI se elevó 31 por ciento en el mismo período. Esto fue como consecuencia de que en esta etapa siguió la tendencia de aumento del salario real siempre por debajo del crecimiento de la productividad. Las cifras de la economía marcan una profundización de la concentración y centralización de capitales, como así también una continuidad de la extranjerización de las empresas más importantes del país. Las mejoras en la situación material de millones de argentinos han convivido con el mantenimiento dentro de márgenes de pobreza e indigencia de otros tantos compatriotas, como así también con una distribución de la riqueza producida dentro de las fronteras nacionales en condiciones de mayor inequidad.
“Adecuadamente definidas, los ingresos del hogar y el consumo también deben reflejar servicios en especie previstas por el Gobierno, tales como la atención de la salud subsidiada y los servicios de educación” (Informe Stiglitz-Sen). Durante el período menemista estos servicios públicos sufrieron un fuerte vaciamiento, siendo privatizados todas y cada una de las partes que pudieran ser manejadas como mercancías rentables, o sea los dirigidos a los sectores con ingresos suficientes para acceder a ellos. Quedando así millones de personas abandonadas a su suerte, con servicios desmantelados sostenidos en infraestructuras obsoletas y totalmente deterioradas. En la etapa kirchnerista esta situación no ha cambiado sustancialmente. Como en otros rubros de la actividad del Estado, a los primeros impulsos basados en indispensables políticas de contención dirigidas hacia los sectores más postergados para paliar sus necesidades más urgentes, no le siguió un período de inversiones que iniciara el camino de reconstrucción de las condiciones de infraestructura capaz de generar una base mínima para el despegue. En Educación, si bien la Ley de Financiamiento Educativo posibilita el traslado de recursos a las provincias, el destino de éstos en el mejor de los casos va sólo al pago de salarios. La matrícula tuvo un incremento importante en estos años, pero no decrecieron los niveles de deserción, con lo que la obligatoriedad de la terminalidad secundaria por ahora es una sola letra vacía.
En el caso de la Salud Pública, la situación es más grave. Allí se refleja crudamente la consolidación de la fractura social que divide la Argentina. Existe una salud privada a la que pueden acceder los sectores de mayores recursos, con prepagas que cobran dos o tres sueldos mínimos de un trabajador y cuentan con sanatorios que son auténticos hoteles de lujo. Existe también la básica que reciben los asalariados a través de sus obras sociales, controladas por verdaderas mafias que se quedan con una importante porción de los descuentos que les practican a los sueldos de los trabajadores. Y por último existe el hospital público que continúa vaciado y sin recursos sobre todo el que está implantado en el corazón de los bolsones de pobreza en una situación no muy diferente de la época menemista. En esta franja actúa además la intermediación de los intendentes, que negocian con el sector privado tercerizando y arancelando servicios, por lo que ellos cobran su parte.
Desde nuestro punto de vista son difíciles de desmentir esas tendencias confirmadas por cifras y datos objetivos. En la época menemista el Estado estaba totalmente ausente entre los sectores más postergados de la población, que se siguen contando por millones. Hoy está presente con débiles paliativo y sin ninguna solución sustentable. Lo que algunos pueden discutir es si había otro rumbo que pudiera arrojar mejores resultados para los sectores populares. Obviamente nosotros pensamos que sí lo había.
En cuanto al gasto público, este se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto público para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica.
El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas Económicos establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de distintos maneras pero básicamente se consideran el Gasto Neto que es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de deuda pública, este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo.
Gasto Programable: es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Por otro lado resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios.
La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y partidas específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector público. Con base a esta clasificación, el gasto programable se divide en gasto corriente y gasto de capital. Estos componentes a su vez se desagregan en servicios personales, pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro, y en inversión física y financiera dentro del segundo.
Gasto corriente: Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de: administración gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y regulación; y desarrollo social.
Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su infraestructura.
Gasto de Capital: El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector público. Como gastos; gastos de Defensa Nacional, también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía.
El gasto público es una autorización para que se destine a la realización de una obra o a la ejecución de un servicio público la totalidad o parte de los créditos presupuestarios para estas atenciones. Y el pago es el acto mediante el que se expide, en relación con una obligación contraída, la correspondiente orden contra la Tesorería del Estado.
También puede definirse como la utilización de recursos monetarios destinados a la realización de actividades de interés público de acuerdo con las autorizaciones presupuestarias, por lo que, es determinante que para que exista gasto público, que se a realizado por una entidad pública, consistir en una suma de dinero y tener por fin la utilidad pública y el interés social.
EFECTOS DEL GASTO PÚBLICO
Un excedente del gasto público superior al 30% de la renta nacional, tiene considerable influencia sobre la economía. El aumento desmedido, así como una disminución influye en la economía nacional. El gasto público incide en el ingreso nacional; el producto interno bruto y la inversión. Los gastos para la producción de bienes y servicios, financiados con recursos tributarios, si existe empleo, el mayor gasto estimulará un aumento en el ingreso nacional y en el empleo que afectará al consumo; si por el contrario afecta a sectores de ingresos bajos con tendencias altas al consumo, puede que provoque un efecto de recesión y desempleo.
Los gastos para la producción de bienes y servicios financiados con recursos del crédito público, puede tener efectos redistributivos, haciendo difícil la determinación de la incidencia en el endeudamiento. Incrementa el ingreso nacional, el empleo u la inflación.
Los gastos para la producción de bienes y servicios, financiado con la emisión monetaria, producen variaciones en el nivel de precios y en caso de pleno empleo, puede producir una explosión inflacionaria. Si por el contrario es financiado con emisión monetaria en época de recesión y desempleo, ocurre una reactivación de la economía y un crecimiento en el ingreso nacional.
Los gastos para la redistribución de ingresos financiados con ingresos tributarios, tienen un efecto de estabilidad en el nivel de precios y pleno empleo. En cambio cuando el gasto de transferencia es financiado con recursos del crédito público, tiende a un efecto inflacionario. En caso de depresión económica y desempleo, favorece la reactivación económica.
El ingreso público es toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos, cuyo objetivo general es financiar los gastos públicos; se tiene que los ingresos del Estado, e igualmente los del Municipio, pueden ser ingresos tributarios o ingresos no tributarios.
La teoría de la Distribución del Ingreso es una rama de la teoría económica que intenta explicar cómo se determinan los Precios de los factores de la producción y por tanto, el Ingreso que ellos reciben. En cambio, la distribución personal del ingreso no está formalmente incluida en la teoría económica porque depende de las condiciones institucionales, tributarias y sociales existentes en cada país.
Distribución del ingreso: el modelo kirchnerista.
La presencia del Estado en la forma que se distribuye el ingreso, además de servicios esenciales para la población (educación y salud), es uno de los más importantes debates económico-sociales que recorren el escenario político doméstico “El ingreso promedio, el consumo y la riqueza son estadísticas significativas, pero que no dicen la historia completa sobre los niveles de vida. Por ejemplo, un aumento en el ingreso promedio podría ser distribuido de manera desigual entre los distintos grupos, dejando algunos hogares relativamente en peor situación que otros. Así, las medidas promedio de los ingresos, el consumo y la riqueza deberían ser acompañados de indicadores que reflejan su distribución.” Esta definición corresponde al Informe de “La Comisión de Medición de Desempeño Económico y el Progreso Social” encabezada por los Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Amartya Sen, conformada en 2008 por iniciativa del presidente de Francia, para investigar las razones de la pérdida de credibilidad de las estadísticas oficiales que atraviesan varios países del mundo.
El modelo económico kirchnerista generó millones de puestos de trabajo, con un salario real que ha recuperado un 16 por ciento del valor que tenía en 2002. Pero con una participación de los salarios en los ingresos nacionales un 11 por ciento menor al momento de la crisis de 2002. Esto es así porque mientras la masa salarial aumentó un 16 por ciento hasta 2007 en relación con 2001, el PBI se elevó 31 por ciento en el mismo período. Esto fue como consecuencia de que en esta etapa siguió la tendencia de aumento del salario real siempre por debajo del crecimiento de la productividad. Las cifras de la economía marcan una profundización de la concentración y centralización de capitales, como así también una continuidad de la extranjerización de las empresas más importantes del país. Las mejoras en la situación material de millones de argentinos han convivido con el mantenimiento dentro de márgenes de pobreza e indigencia de otros tantos compatriotas, como así también con una distribución de la riqueza producida dentro de las fronteras nacionales en condiciones de mayor inequidad.
“Adecuadamente definidas, los ingresos del hogar y el consumo también deben reflejar servicios en especie previstas por el Gobierno, tales como la atención de la salud subsidiada y los servicios de educación” (Informe Stiglitz-Sen). Durante el período menemista estos servicios públicos sufrieron un fuerte vaciamiento, siendo privatizados todas y cada una de las partes que pudieran ser manejadas como mercancías rentables, o sea los dirigidos a los sectores con ingresos suficientes para acceder a ellos. Quedando así millones de personas abandonadas a su suerte, con servicios desmantelados sostenidos en infraestructuras obsoletas y totalmente deterioradas. En la etapa kirchnerista esta situación no ha cambiado sustancialmente. Como en otros rubros de la actividad del Estado, a los primeros impulsos basados en indispensables políticas de contención dirigidas hacia los sectores más postergados para paliar sus necesidades más urgentes, no le siguió un período de inversiones que iniciara el camino de reconstrucción de las condiciones de infraestructura capaz de generar una base mínima para el despegue. En Educación, si bien la Ley de Financiamiento Educativo posibilita el traslado de recursos a las provincias, el destino de éstos en el mejor de los casos va sólo al pago de salarios. La matrícula tuvo un incremento importante en estos años, pero no decrecieron los niveles de deserción, con lo que la obligatoriedad de la terminalidad secundaria por ahora es una sola letra vacía.
En el caso de la Salud Pública, la situación es más grave. Allí se refleja crudamente la consolidación de la fractura social que divide la Argentina. Existe una salud privada a la que pueden acceder los sectores de mayores recursos, con prepagas que cobran dos o tres sueldos mínimos de un trabajador y cuentan con sanatorios que son auténticos hoteles de lujo. Existe también la básica que reciben los asalariados a través de sus obras sociales, controladas por verdaderas mafias que se quedan con una importante porción de los descuentos que les practican a los sueldos de los trabajadores. Y por último existe el hospital público que continúa vaciado y sin recursos sobre todo el que está implantado en el corazón de los bolsones de pobreza en una situación no muy diferente de la época menemista. En esta franja actúa además la intermediación de los intendentes, que negocian con el sector privado tercerizando y arancelando servicios, por lo que ellos cobran su parte.
Desde nuestro punto de vista son difíciles de desmentir esas tendencias confirmadas por cifras y datos objetivos. En la época menemista el Estado estaba totalmente ausente entre los sectores más postergados de la población, que se siguen contando por millones. Hoy está presente con débiles paliativo y sin ninguna solución sustentable. Lo que algunos pueden discutir es si había otro rumbo que pudiera arrojar mejores resultados para los sectores populares. Obviamente nosotros pensamos que sí lo había.
En cuanto al gasto público, este se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto público para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica.
El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas Económicos establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de distintos maneras pero básicamente se consideran el Gasto Neto que es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de deuda pública, este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo.
Gasto Programable: es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Por otro lado resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios.
La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y partidas específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector público. Con base a esta clasificación, el gasto programable se divide en gasto corriente y gasto de capital. Estos componentes a su vez se desagregan en servicios personales, pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro, y en inversión física y financiera dentro del segundo.
Gasto corriente: Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de: administración gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y regulación; y desarrollo social.
Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su infraestructura.
Gasto de Capital: El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector público. Como gastos; gastos de Defensa Nacional, también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía.
El gasto público es una autorización para que se destine a la realización de una obra o a la ejecución de un servicio público la totalidad o parte de los créditos presupuestarios para estas atenciones. Y el pago es el acto mediante el que se expide, en relación con una obligación contraída, la correspondiente orden contra la Tesorería del Estado.
También puede definirse como la utilización de recursos monetarios destinados a la realización de actividades de interés público de acuerdo con las autorizaciones presupuestarias, por lo que, es determinante que para que exista gasto público, que se a realizado por una entidad pública, consistir en una suma de dinero y tener por fin la utilidad pública y el interés social.
EFECTOS DEL GASTO PÚBLICO
Un excedente del gasto público superior al 30% de la renta nacional, tiene considerable influencia sobre la economía. El aumento desmedido, así como una disminución influye en la economía nacional. El gasto público incide en el ingreso nacional; el producto interno bruto y la inversión. Los gastos para la producción de bienes y servicios, financiados con recursos tributarios, si existe empleo, el mayor gasto estimulará un aumento en el ingreso nacional y en el empleo que afectará al consumo; si por el contrario afecta a sectores de ingresos bajos con tendencias altas al consumo, puede que provoque un efecto de recesión y desempleo.
Los gastos para la producción de bienes y servicios financiados con recursos del crédito público, puede tener efectos redistributivos, haciendo difícil la determinación de la incidencia en el endeudamiento. Incrementa el ingreso nacional, el empleo u la inflación.
Los gastos para la producción de bienes y servicios, financiado con la emisión monetaria, producen variaciones en el nivel de precios y en caso de pleno empleo, puede producir una explosión inflacionaria. Si por el contrario es financiado con emisión monetaria en época de recesión y desempleo, ocurre una reactivación de la economía y un crecimiento en el ingreso nacional.
Los gastos para la redistribución de ingresos financiados con ingresos tributarios, tienen un efecto de estabilidad en el nivel de precios y pleno empleo. En cambio cuando el gasto de transferencia es financiado con recursos del crédito público, tiende a un efecto inflacionario. En caso de depresión económica y desempleo, favorece la reactivación económica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario